El Gobierno, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea (UE), los grandes medios de comunicación: todos coinciden en que el colapso del sistema público de pensiones es inevitable si no se acometen profundas reformas ya, en particular el aumento de la edad de jubilación. En los años ‘50 -cuando España gastaba el 3% de su Producto Interior Bruto (PIB) para las pensiones- economistas liberales preveían el colapso en 50 años. De hecho, en 2005 se registró un superávit del 1,1%, contrariamente a todas estas previsiones. Incluso en un año muy negativo para la economía, el 2008, el sistema de seguridad social registró un superávit del 1,31% del PIB.
Todas estas previsiones científicamente falsas esconden un único objetivo: permitir a los bancos y al sistema financiero apoderarse del jugoso negocio de las jubilaciones públicas. Después que las arcas públicas hayan sido vaciadas para salvar a los bancos de la quiebra, a que ellos mismos iban destinados a casa de sus maniobras especulativas, ahora los “mercados” y sus representantes pretenden que sean tod@s l@s ciudadan@s los que paguen las cuentas con los “planes de austeridad”. Estos planes conllevan reducción de sueldos y de gasto social, y privatización de servicios públicos, limitando su universalidad y determinando su acceso según el poder de compra. Al mismo tiempo los beneficios empresariales del sector financiero siguen en bonanza, como si nada hubiera pasado.
La gestión privada de los servicios públicos acarrea mayores costes administrativos, menor atención a las necesidades de los ciudadanos y privilegia las necesidades de los “clientes” más ricos. Además, no se puede dejar el futuro de los jubilados a la merced de las incertidumbres de los mercados. Entre marzo 2008 y marzo del 2009 la rentabilidad de los fondos de pensiones privados ha sido del -6,37% (¡negativa!). Rentabilidades negativas no ocurren solo durante momentos de gran crisis económica como el que estamos viviendo. Entre 1970 y 2007 -en plena “bonanza neoliberal”- se han registrado 117 crisis bancarias en 93 países, y 113 episodios de “estrés” financieros en 17 países.
La sociedad española quiere un sistema de pensiones públicos, solidarios y redistributivo. Una encuesta de la Fundación BBVA en 2009 desveló que el 57,8% de la población prefiere pagar impuestos más altos para mantener un amplio sistema de protección social; el 75,1% piensa que el Estado tiene la responsabilidad principal de asegurar un nivel de vida digno a los ciudadan@s; el 97,4% piensa que el Estado tiene “mucha” o “bastante responsabilidad” a la hora de asegurar una pensión suficiente. Quienes quieren privatizar las pensiones son una pequeña minoría de la población, que tiene un interés personal en el asunto pero -lamentablemente- también una influencia desproporcionada en los círculos políticos y en los medios de comunicación. En contra de este circo mediático las ciudadanía ya se ha expresado con la huelga general del 29 de septiembre. Los militantes de ATTAC son parte de esta ciudadanía comprometida y exigen a los sindicatos firmeza en las negociaciones con el gobierno en defensa de las jubilaciones de todos, para el inmediato retiro de la reforma laboral y de los planes de austeridad.
ATTAC propone fortalecer el sistema público de pensiones actuando sobre los elementos económicos que garantizan su viabilidad para las generaciones futuras. Se necesita más inversión pública para disminuir el desempleo y el empleo precario, aumentar los salarios, promover una distribución más equitativa de la renta, aumentar la productividad del trabajo y su calidad a través de más inversiones en I+D, combatir la economía sumergida y el fraude fiscal, abolir los paraísos fiscales y favorecer las políticas de inserción de la mujer en el mercado de trabajo.
Todo esto el “mercado” no va a conseguirlo. Además los jubilados deben cobrar una pensión digna y adecuada al nivel de la riqueza de nuestro país ¡ya! El gasto social en España es el 62% del promedio de la UE-15. España destina el 19,7% del PIB (datos de 2005) a gastos de protección social, contra el 28,3% de UE-15 (datos elaborados por el economista Vicenç Navarro). Si nos limitamos a los gastos para pensiones de vejez, invalidez o supervivencia, España está en el penúltimo lugar en la UE-15 (datos del 2003) con el 9,8% (14,7% en Alemania). La única reforma que ATTAC revindica es al aumento inmediato de las prestaciones sociales al nivel de los países de nuestro entorno económico.