Parece ser que una vez más, el Gobierno ha cedido a las presiones de la banca contra la puesta en marcha de medidas reguladoras que protejan a los usuarios y ha excluido a este sector de la futura Ley de Servicios de Atención al Cliente (SAC).
Es lamentable que se vuelva a dar la espalda a los consumidores para satisfacer los intereses del sector financiero, posponiendo la regulación de una cuestión de especial relevancia teniendo en cuenta el importante aumento de las reclamaciones que se viene produciendo en los últimos años fruto del incremento de los abusos y fraudes cometidos por la banca.
Así, de momento, las entidades financieras no tendrán que contar con teléfonos gratuitos para atender a los usuarios ni confirmarles por escrito la recepción de sus reclamaciones. Tampoco verán reducido aún el largo plazo que tienen para contestarlas, nada menos que dos meses, según establece una Orden de 2004 del Ministerio de Economía.
La excusa dada por el Gobierno para excluirlas es que será otra norma la que regule sus servicios de atención al cliente.
Via:FACUA