¿Continuas preguntándote por qué todo tipo de enfermedades como el cáncer continúan implacablemente llevándose día tras día a nuestros seres queridos?
¿Por qué será que nuestros médicos nunca parecen encontrar el origen de estos extraños y modernos males mortales ni hallan la cura?
Mientras oleadas de científicos con el estómago lleno, médicos bien pagados y medios de comunicación al servicio de sus amos se empeñan hipócritamente en negar lo absolutamente evidente, por fin un grupo de magistrados decentes y valientes firman sentencia reconociendo los riesgos contra la salud ocasionados por las infraestructuras de telecomunicaciones tras más de 6 años de litigio llevado a cabo por la heroica Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telefonía, ejemplo de valentía y lucha para todo el resto de la aletargada e indiferente sociedad en la que vivimos.
La falsa e interesada polémica sobre la peligrosidad o inocuidad de las radiaciones electromagnéticas emitidas por las antenas de telefonía parece llegar a su fin: el Tribunal Supremo acaba de reconocer que pueden afectar negativamente a la salud. Así lo dice explícitamente la sentencia que dictó el pasado 9 de junio de 2012 anulando la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Valladolid que permitía instalar antenas en edificios de viviendas y que fue recurrido en su día por la Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telefonía (AVAATE). La sentencia afirma claramente que la instalación de infraestructuras para servicios de telecomunicación es una actividad “con efectos significativos en la salud y el medio ambiente” y entraña “riesgos para la salud humana”. AVAATE argumentó que antes de poder instalar una antena se debería contar al menos con un informe de evaluación ambiental previo tal como indica la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001 relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Algo que tanto el ayuntamiento vallisoletano como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no consideraron necesario.
Lo lamentable es que son miles las antenas de telefonía que se han instalado ya en toda España -en pueblos y ciudades- sin que se hayan evaluado sus riesgos para la salud. Algo que tanto el Gobierno del estado como los gobiernos autonómicos –de uno y otro signo político- consienten con una dejadez que puede calificarse de criminal.
Y es que la Constitución expresa claramente en su artículo 51 que son “los poderes públicos” quienes deben ocuparse de garantizar “la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo, mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. Algo de lo que los poderes públicos se han escaqueado casi siempre en España.
Via: Despertares