Es indignante el debate interesado y malintencionado sobre la sostenibilidad del sistema sanitario que algunos políticos han abierto sobre la necesidad de reducir el gasto social en servicios públicos básicos y esenciales como la sanidad.
Es indignante que intenten manipular a la opinión pública para hacer creer a la ciudadanía que no hay más salida a la crisis económica que recortar y privatizar el sistema sanitario. Existen más opciones y los dirigentes políticos deberían decir abiertamente sus intenciones.
Un modelo como el planteado recientemente por el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, sólo conseguiría provocar más desigualdades sociales, al polarizar el sistema en una sanidad para ricos y otra para pobres. Asimismo, contribuiría a la privatización y mercantilización de los servicios sanitarios, una mayor desamortización de lo público y la inequidad en el acceso a las prestaciones.
No está acreditado que apostar por el aseguramiento privado abarate los costes y mejore la calidad de los servicios. España sigue siendo uno de los países de Europa que menos invierte en sanidad por habitante. Según datos de 2009 el porcentaje sobre el PIB del gasto sanitario público en España es del 7%.
Con respecto a las medidas impulsadas en Murcia y Galicia, se asemejan peligrosamente a sistemas anteriores, donde los que no cotizaban a la seguridad social debían acudir a la beneficencia.
Hay que dejar de cuestionarse la dimensión universal de la salud así como su carácter gratuito. Para reducir las desigualdades sociales, la financiación de los servicios esenciales debe basarse en la solidaridad y en la progresividad del sistema tributario.
Se hace necesario mantener fórmulas que permitan reforzar los mecanismos de financiación del sistema sanitario público a través de impuestos y mediante el establecimiento de criterios para la racionalización del gasto y la mejora de la eficiencia.
Además, los recortes en política social no responden a la voluntad de la ciudadanía. Según el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre opinión pública y política fiscal, casi nueve de cada diez españoles rechaza una reducción del gasto social, como en sanidad o educación.
Por este motivo, es fundamental garantizar una participación social efectiva en el diseño y el desarrollo de las políticas públicas de salud. Para ello, los poderes públicos deben promover e impulsar dicha participación, actualmente inexistente